La SIP repudió el proyecto de ley que limita las investigaciones periodísticas sobre corrupción

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Las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sorprendieron ante el proyecto de ley que responsabiliza a los medios de comunicación por divulgar informaciones y denuncias sobre actos de corrupción. Mediante un comunicado, consideraron que la normativa “privilegia a los funcionarios o individuos involucrados en esos actos anulándoles sus órdenes de detención o prisión preventiva”.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, calificaron la iniciativa de “incongruente con la libertad de prensa y la labor informativa de los medios“.

Ambos consideran que el proyecto que impulsa el kirchnerismo en el Senado “impone a los medios responsabilidades sobre los casos judiciales que no les corresponden”. A la vez, sostuvieron que el proyecto “minimiza la debida transparencia que debe existir sobre la administración pública al blindar a los funcionarios e individuos corruptos, pero, sobre todo, coarta el derecho del público a saber”.

El proyecto de ley S-3435/19 establece que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva si se verificara la publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado”.

Barnes, director general del diario jamaiquino The Gleaner, destacó que “la Argentina tiene una gran tradición de periodismo investigativo, incluso premiado a nivel internacional, que ha contribuido a la transparencia y el derecho a la información de la sociedad”.

“Sería un contrasentido para la democracia que este proyecto prospere y sea legitimado por una clase política que debe tener más obligaciones que privilegios”, subrayó.

Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, advirtió que el proyecto deja una ventana abierta muy peligrosa: “Los corruptos o sus aliados podrían aprovechar las redes sociales para difundir información intencionada, que retomada luego por los medios serviría para blindar sus casos ante la justicia”.

Las autoridades de la SIP esperan que el proyecto de ley sea archivado, ya que representan un duro golpe a la libertad de prensa y a la democracia, “valores que la Argentina ha venido consolidando desde la restauración democrática en 1983”.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Las autoras de la iniciativa son cinco senadoras cercanas a la vice Cristina Kirchner: María Eugenia Catalfamo, Ana María Ianni, Nancy González, Ana Claudia Almirón y María Pilatti Vergara. Excepto la primera, las otras cuatro pertenecían al bloque K previo a la unificación de las bancadas con el PJ.


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